FADEEAC repudia el cobro de un arancel municipal a transportistas en Formosa
La entidad sostiene que la medida vulnera la libre circulación y constituye una “aduana interna” prohibida por la Constitución Nacional.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2025. – La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su enérgico rechazo a la decisión del Municipio de la ciudad de Formosa, que dispuso el cobro de un arancel de ingreso al ejido urbano para transportistas de cargas no radicados en esa jurisdicción.
La medida, implementada mediante una serie de Ordenanzas Municipales, establece el pago de una “Contribución por servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados”, aplicable tanto a transportistas de pasajeros como de cargas, nacionales e internacionales.
Desde FADEEAC advierten que esta disposición “constituye en los hechos una aduana interna”, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Según la entidad, la normativa local “vulnera gravemente el principio de libre circulación de personas, bienes y servicios en el territorio argentino”, al imponer un gravamen carente de justificación y con fines meramente recaudatorios. Además, remarcan que contraviene la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.
La federación también alertó sobre las implicancias internacionales de la medida, que “desconoce los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT)”, suscripto por los países del MERCOSUR. Dicho acuerdo prohíbe expresamente la imposición de tasas o tributos locales que afecten la libre circulación de vehículos, mercancías o personas vinculadas a operaciones de transporte internacional.
“El transporte de cargas es un servicio esencial para la economía nacional. No puede ser objeto de gravámenes arbitrarios ni convertirse en instrumento de autofinanciamiento local”, expresó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
Por estos motivos, la entidad solicita la inmediata intervención de las autoridades provinciales y nacionales competentes, con el objetivo de dejar sin efecto la disposición municipal que, según sostienen, “vulnera derechos fundamentales y entorpece la actividad económica y logística del país”.